Sobre aquella visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Por Héctor Rodríguez
Es el viernes 7 de setiembre de 1979. En plena dictadura y a pesar de la resistencia del gobierno de facto, arriba a Buenos Aires una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es investigar las numerosas denuncias recibidas por secuestros, desapariciones y torturas que vienen sucediéndose en el país desde hace cuatro años, y con una fuerza atroz desde el golpe del 24 de marzo del 76.
Miles de familiares y sobrevivientes, aferrados a una esperanza en medio del desamparo, se hacen presentes desde muy temprano ante la sede de la OEA, en Avenida de Mayo al 700, para llevar sus testimonios desesperados. En esos días febriles los organismos de derechos humanos —con Madres de Plaza de Mayo y Familiares en la primera fila— elaboran petitorios y suman esfuerzos conjuntos para hacerse oír. Días antes de la llegada de la comisión sufren allanamientos en una de sus sedes y secuestran sus archivos.
Entre los principales impulsores de la visita están Emilio Mignone, presidente del CELS recién formado, Augusto Conte y Alfredo Bravo, quien ya había sido secuestrado y torturado. La televisión alemana filma la gigantesca fila que ocupa varias cuadras y entrevista a muchos de ellos mientras los servicios de inteligencia, con credenciales falsas de periodistas, los fotografía sin cesar, escrachando a los familiares. Muchos otros argentinos, cargados de ira, solo buscan insultar a quienes llevan horas de angustia esperando ser escuchados.
Es el mismo día en que la Selección Juvenil de fútbol se corona campeón del mundo en Japón, ante la Unión Soviética, en la noche de Tokio. El gobierno, desafiante, convoca a un festejo popular en la Plaza de Mayo y el Obelisco. José María Muñoz, el relator de fútbol, incita a través de su programa en Radio Rivadavia a cumplir con el operativo. “Vayamos todos a la Avenida de Mayo a demostrarle a los señores de la Comisión de Derechos Humanos que la Argentina no tiene nada que ocultar”, lanza enardecido frente al micrófono.
Más tarde consigue poner al aire a Maradona, el capitán, para que Videla lo felicite desde los estudios de ATC: “Ustedes son un claro ejemplo para todos los argentinos, que ven en ese equipo el triunfo de una juventud optimista que quiere mirar hacia el futuro con amor, esperanza y fe”, le dice el dictador.
El centro de la ciudad se llena de panfletos impresos que sostienen impúdicamente “Los argentinos somos derechos y humanos”. El ministro del Interior ha ordenado comprar más de 200 mil calcomanías autoadhesivas con ese lema, que se oye sin cesar en radio y televisión. Cientos de automovilistas las lucen a puro bocinazo. El slogan, ideado por una empresa norteamericana, persigue mejorar la imagen de los militares y neutralizar las denuncias hechas por sobrevivientes y por los miles de exiliados.
La Editorial Atlántida, a través de la Revista Para Ti, organiza la operación “Argentina, Toda La Verdad”. Consiste en el regalo de tarjetas postales “para ser enviadas —según lo escriben en sus páginas— con una lista de aquellas personas que organizan la campaña anti-Argentina en el exterior”.
Sin restos de ética periodística, construyen una maniobra aún más audaz: publican un título falso en la portada de la revista, debajo de una foto de moda. Hacen figurar como reporteada y arrepentida a la mamá de un joven desaparecido. A sus lectores no les informan la verdad: la mujer, de 52 años, es Thelma Jara de Cabezas, una detenida más de la ESMA a quien sacan afuera de ese predio de la Armada para fraguar la entrevista. Todo el montaje es fingido.
Los visitantes hacen base en Buenos Aires y viajan a Córdoba, Tucumán, Chaco y Rosario. Se acercan hasta las cárceles de Villa Devoto, Caseros, la Unidad 9 de La Plata y la Unidad 7 de Resistencia, entre otras. En esos lugares se entrevistan y escuchan en grupos reducidos a muchos presos políticos. También recorren algunos centros clandestinos de detención como La Perla, en Córdoba, vigilados de cerca por los servicios de inteligencia. Cuando llegan a la Escuela de Mecánica de la Armada, los marinos se anticiparon. El lugar ya ha sido desmantelado para evadir la investigación. Realizaron una serie de reformas en el Casino de Oficiales para esconder o disimular los sectores dedicados a la tortura. Decenas de prisioneros son enviados con capucha y grilletes a una isla en San Fernando denominada “El Silencio”, propiedad, en aquel entonces, del Arzobispado de Buenos Aires.
La Comisión se entrevista dos veces con Videla y la Junta Militar, con el ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, gobernadores y otros jefes castrenses. También con la Iglesia Católica y representantes de las organizaciones políticas y gremiales. Y desde luego, con hombres y mujeres de varios organismos de derechos humanos, a quienes escuchan con especial atención.
Esa Comisión Interamericana recibió 5.580 denuncias de secuestros y desapariciones. Se fue del país el 20 de septiembre; durante esos catorce días los secuestros no cesaron. Tres meses más tarde presentó a la dictadura un informe preliminar con duras críticas. “La Comisión ha llegado a la conclusión de que en la República Argentina se cometieron numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos”, rezaba el documento.
El informe final se conoció en abril de 1980. Aquí, la dictadura prohibió su difusión. Sin embargo, Emilio Mignone consiguió viajar a Washington, regresar con 500 ejemplares y hacer, en una edición clandestina costeada por familiares, dos mil fotocopias que les fueron enviadas a periodistas, jueces, obispos y medios del exterior.
El telón del horror empezaba a correrse. El mundo entero —también miles de argentinos indiferentes— se enteraba de lo que aquí ocurría con nuestros desaparecidos, en medio de la larga noche del terrorismo de Estado. Las voces de las víctimas habían sido escuchadas y legitimadas. Ya nada sería igual.
A 43 años de aquella visita histórica, es necesario continuar reafirmando el ejercicio de nuestra Memoria colectiva, a fin de no repetir tragedias, y trabajar por un país justo, inclusivo y solidario que aún nos debemos.
