Por Ana Lucía Maldonado
Analizando las normativas de los países que integran el “triángulo del litio”, Argentina, Chile y Bolivia, la diferencia más significativa es que en Bolivia y Chile el litio cuenta con un marco legal propio, en Argentina se encuentra sujeto al marco normativa general. (fuente del centro de investigaciones para la transformación de la escuela de economía y negocio de la universidad de San Martín)
En Chile y Bolivia , el litio no se puede concesionar a privados, donde el mayor control lo tiene el estado.
En el caso chileno fue declarado “recurso estratégico”, adoptando regalías móviles que llegan al 40%, según los distintos compuestos del mineral. Recientemente se anunció la Estrategia Nacional del Litio.
En Bolivia “el marco normativo establece un control estatal absoluto sobre la propiedad, el acceso a la explotación y los procesos de extracción y producción de carbonato del litio”
El gobierno nacional, aduciendo que el mineral pertenece a las provincias, teniendo en cuenta la Constitución actual, deja en mano de los gobernadores la entrega de este mineral, lo cual no quiere decir que pueda reformularse la misma, al igual que nuestros vecinos países y se nacionalice este recurso.
El estado nacional y provincial son los responsables del saqueo, dejando operar a las empresas mineras. El 30 de junio la empresa australiana Allkem que opera desde 2016 junto a Livent, recibió el beneficio del gobierno nacional para acceder la libre disponibilidad del 20% de las exportaciones en dólares, (informe del ministerio de economía)
En el salar del hombre muerto el 28 de junio, el gobernador de salta, Sáenz junto a Jalil, inauguraron con Mendiguren una planta de procesamiento de carbonato de lito de la empresa Surcoreana POSCO que comparte el proyecto Sal de Oro en la zona de cooperación entre ambas provincias. Acá no hay grieta, previamente Sáenz logró aprobar en ambas cámaras legislativas provinciales, un proyecto de ley anti piquetes que limita el derecho a la protesta, en el marco de la huelga docente, al que se unieron trabajadores de la salud y estatales, los cuales fueron salvajemente reprimidos. Pero tuvo que dar marcha atrás con el proyecto ante el repudio generalizado de los salteños.
Igual proceder de Morales en Jujuy, que enfrenta una rebelión popular contra la reforma constitucional anti derechos que va de la mano de la explotación del litio y el terricidio contra las comunidades originarias.
Las provincias plantean que cada una negocie este volumen de procesamiento nacional, con las industrias automotrices radicadas en el país, fijando el volumen de un 5% de lo producido, buscando evitar la nacionalización del recurso, en coincidencia con la cámara minera para quien la nacionalización “atenta contra las inversiones”
Lo cierto es que el marco regulatorio que propone el gobierno nacional no implica ni por lejos un cuidado del medio ambiente o el respeto a las comunidades originarias afectadas, ni siquiera un mayor régimen fiscal sobre la explotación que asegure mayore ingresos al erario público.
En marzo el gobierno nacional agobiado por la caída de las recaudaciones tributarias anunció el restablecimiento de retenciones al sector minero “progresivo y optativo”, que Macri había eliminado en el 2016.
Actualmente las retenciones son de una alícuota fija del 4,5% del volumen exportado, declaración de las mismas empresas, que con esta resolución serán además agentes de retención para el pago del IVA y guanacias.
Vemos que las medidas para “atraer inversiones”, (Macri tampoco lo hizo”) y la criminalización de la protesta para dejar pasar el saqueo y la destrucción ambiental, van de la mano de un discurso neodesarrollista que no tiene ningún sustento.
El rol del estado capitalista que evidencia el servilismo con las multinacionales y la brutalidad represiva, habla más del carácter “presente del estado”, que de todas las teorías pos neoliberales del retiro del estado. El “intervencionismo” que vociferan desde sectores progresistas, no se distingue en mucho del carácter de socio menor que adoptan los gobiernos provinciales, sean peronistas como en Salta o Radicales como en Jujuy.
